La oportunidad de una abdicación, por Manolo Rincón

Nuestro país se encuentra actualmente inmerso en una gran cantidad de problemas, de amplio espectro, como probablemente no nos ocurría desde hace mucho tiempo. Esto es de dominio público y está creando tensiones sociales muy importantes.No solo tenemos los acuciantes problemas económicos y de paro, si no que la corrupción se ha extendido a todas las instituciones, adueñándose de las mismas, con lo cual la confianza del ciudadano en ellas, para resolver sus problemas es cada vez más escasa. Aparecen grietas territoriales que amenazan con un desmembramiento del país a la vez que la deuda pública se dispara.

Las voces de descontento son cada vez mayores desde muchos sectores, y de seguirse el camino actual, es posible que se acerquen estallidos sociales importantes, ante un estado de cosas tan poco grato para toda la ciudadanía, y con la aparente desidia de los políticos más preocupados por sus privilegios que por cambiar este estado de cosas.

Es cierto que desde la transición las reformas han sido pocas y que no han beneficiado en general, a los ciudadanos, ya que no se han atendido las peticiones mayoritarias, como la de una nueva ley electoral o la reforma de la ley de desahucio o de despolitización del poder judicial, por citar demandas ya habituales en muchos colectivos. Por esta razón los españoles intuimos que se precisan reformas de amplio calado, para poder llegar algún día a un estado más democrático, menos corrupto y más próximo al ciudadano que en definitiva lo mantiene con sus impuestos.

Toda reforma necesita de un plan estructurado de acciones, coordinadas, para alcanzar el fin último, que en este caso sería un Estado viable y más útil para solucionar nuestros problemas y garantizar un futuro más prometedor, que el que actualmente divisamos en el horizonte.

En este trabajo voy a desarrollar un análisis de lo que debería ser la magistratura más alta del Estado, por encima de los partidos políticos, para conseguir que fuese aceptada por los ciudadanos sean de la tendencia que sean sus ideas.

Me refiero a la Jefatura del Estado Español. Esta institución, básica para poder en última instancia tener siempre el recurso de un arbitraje respetado y acatado, o que se pueda depositar en la misma una confianza de representatividad y honestidad, que a día de hoy está seriamente dañada, A mi entender las necesarias reformas del Estado deberían empezarse por ella.

No voy a entrar aquí si el modelo actual es el idóneo o precisamos cambiarlo. Simplemente voy a razonar que se precisaría de la Monarquía para que cumpliese las altas funciones que le son encomendadas por el pueblo español. En estos momentos puede ser más sensato reformar lo que tenemos en lugar de sustituirlo por algo en principio incierto.

Es evidente que el modelo monárquico actual emana de una dictadura que así lo dispuso, pero se apoya en una tradición monárquica secular del Estado.

La Constitución Española tiene la carencia de no definir de una manera clara el control, que como en todo sistema democrático, se debe de ejercer sobre esta magistratura, que además debe de ser totalmente transparente. Y el control más sencillo, dentro de nuestro modelo actual, sería que las propias Cortes sean las garantes de que la institución funciona correctamente.

Desde tiempos de la transición solo hemos tenido un Rey. Este Rey ha despertado muchas controversias indudablemente. Pero hubo un pacto, en el que de facto el Rey entregaba todo el poder político a los partidos, a cambio de opacidad total de sus actos y decisiones.

Esta situación ha favorecido a los partidos, que jamás han presentado oposición al Rey en ninguna decisión y por otra parte ha eliminado toda posibilidad de que la Jefatura del Estado tenga utilidad para coordinar el juego democrático, reduciendo su papel a una discreta presencia en actos oficiales o en representaciones en el exterior.

En mi opinión esto ha producido el efecto perverso, de que el Rey aproveche su cargo para sus asuntos personales y no para lo que debiera de hacer según sus obligaciones. Ha contado con la opacidad total y el silencio de los medios durante largos años. La familia real ha tenido una vida oficial y otra privada muy diferente a la anterior.

Este estado de cosas, comentado siempre en voz baja y con sigilo, ha cambiado radicalmente en los últimos años.

El estallido de la corrupción en los negocios del yerno del Rey, su impunidad y la obstrucción a la justicia ejercida desde la Institución, ha hecho que la opinión pública se ponga en contra de la misma de manera mayoritaria. Si añadimos los escándalos que se van conociendo, el saber que la familia real lleva rota mucho tiempo y que el Rey amasa una gran fortuna, hace muy impopular su figura.

También hay que recordar la mala salud del monarca y su avanzada edad.

Llegado a este punto, creo sinceramente que el Rey debería abdicar y cuanto antes, en su hijo. Ya no tiene ni siquiera legitimidad moral para actuar en problemas importantes, contentándose con estúpidos títulos honorarios como Presidente mundial de los circuitos de caza.

El Príncipe es un gran desconocido. No sabemos qué resultado puede dar, pero en estos momentos es la única posibilidad y esperanza de que sobreviva la Institución. Aparentemente no está envuelto en la corrupción familiar y parece tener una buena preparación.

Por ello en estos horas críticas, sería muy conveniente este relevo generacional.

Si el Rey se niega, como parecen apuntar todos los indicios, el clamor popular va a ir en aumento, al ser hoy en día él, blanco de todo tipo de críticas por sus amantes, sus viajes inoportunos y sus negocios nada claros, junto a la defensa a ultranza que ejerce de la corrupción familiar. Todos estos temas ocupan grandes espacios en los medios de comunicación, con la consiguiente alarma social que conllevan, y voces más o menos autorizadas se levantan para apoyar la idea de la abdicación.

Los medios extranjeros también se hacen eco de todas estas noticias y el desprestigio internacional de la Institución es grande.

Sería razonable que las Cortes, depositarias del poder popular, le desposeyesen del título al Rey, si este no quiere aceptar voluntariamente a pactar su renuncia, por incapacidad manifiesta, y se lo otorgasen a su hijo, antes de que los daños sean totalmente irreversibles.

Este, una vez en posesión de su cargo debería de reformar de inmediato la Institución, haciéndola transparente y alejándola de la corrupción, permitiendo los juicios precisos por los delitos cometidos, aunque sean de su familia, y adoptando el papel nunca jugado de ser un árbitro en las situaciones conflictivas.

Para mostrar sus habilidades no le faltaría trabajo. La cuestión catalana, el acercamiento a los ciudadanos y la representación exterior, pondrían a prueba su valía. Y todo ello controlado por las Cortes no por los partidos políticos.

Resumiendo los españoles necesitamos una Monarquía operativa, que se deje de uniformes de capitán general, ponga los pies en el suelo y se enfrente a los problemas del Estado, con honestidad y con dinamismo. Que no esté ahogada en escándalos y que se gane el respeto de los ciudadanos, acercándose a ellos y mostrando utilidad práctica en los problemas reales.

Por otra parte el control de la trasparencia de la Institución y la verificación de la ejecución de sus funciones, deben de ejercerse desde el Parlamento, única institución que puede estar habilitada para ello.

Esta primera gran reforma, la considero básica, para poder avanzar, en forma ordenada en nuevas reformas, que son necesarias, y para que el Rey recupere parte del poder que no debió ceder a los partidos políticos y sea una persona respetada.

Insistir nuevamente que en mi entender retrasar estas medidas es perder un tiempo precioso, que es un lujo que no nos podemos permitir en la actual situación.