MORALIDAD DEL ABORTO

La moralidad del aborto.

José Enrique García Pascua.

 

Nosotros, miembros de la promoción 64, hemos vivido lo bastante como para constatar de qué modo ha cambiado la percepción social del aborto desde aquellos años jóvenes hasta el día de hoy.

Cuando gobernaba Franco en España, la opinión pública y las autoridades consideraban que privar de la vida a un feto humano era un acto abominable, además de un delito; a este respecto, recuerdo que se produjo y distribuyó en los cines del país una película titulada Aborto criminal. Hoy, la opinión pública española, en cambio, es en general favorable a que la mujer que lo desee se deshaga de la vida que late en su seno, aunque la discusión se centra en las condiciones que hacen justificable la interrupción del embarazo, hasta el punto de que la futura ley del aborto –más restrictiva que la vigente, según se desprende del anteproyecto dado a conocer– que actualmente promueve el ministro de Justicia es calificada por las radicales del bando contrario como “injusta” y “cínica”, epítetos que encierran un juicio moral negativo de un intento también moral del ministro de cambiar la ley que este señor considera, a su vez, como “injusta” por  permitir el aborto libre, sin ninguna condición, hasta la decimocuarta semana de gestación.

 

Ante la existencia de juicios morales contradictorios, la prudencia nos mueve a buscar los fundamentos en que se apoyan los juicios morales en general y los que suscita la práctica del aborto en concreto.

Los moralistas nos dicen que han de existir principios absolutos que informen la eticidad de los actos de los hombres. Un principio que no sé si es absoluto, pero que figura en los textos moralizantes desde muy antiguo es el de la obligación de respetar la vida humana. Ya Dios en el Sinaí impuso al pueblo de Israel el mandato de “no matarás” (Ex. 20, 13) y Jesús de Nazaret lo hizo suyo e incluso extendió la prohibición a cualquier malquerencia hacia el prójimo (cf. Mt. 5, 21 y 22). En estos tiempos asistimos en nuestro entorno a un rechazo de la religión, católica en particular, por parte de los liberales, pero estos mismos que se oponen al poder eclesiástico han encontrado otro decálogo en que depositar su fe, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde también podemos leer algo semejante: “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” (artículo 3).

 

Es un hecho biológico que la vida del embrión humano es vida humana, porque esta vida embrionaria, si se desarrolla en circunstancias normales, deviene un ser humano completo y ningún miembro de la raza humana habría alcanzado la plenitud de su naturaleza sin el paso previo de la concepción en el vientre materno. Entonces, cabe pensar que la vida embrionaria debería estar protegida, desde el punto de vista moral, por la inveterada prohibición de matar. Sin embargo, la historia nos da testimonio de multitud de excepciones que unos y otros han encontrado al mandato divino, porque, a pesar de ser generalmente aceptado, los hombres asiduamente se han matado entre sí, y siguen haciéndolo, incluso aduciendo argumentos morales para ello.

Una primera forma de justificación moral que permite matar sin remordimientos a un individuo humano ha sido negarle precisamente la condición de humano. Así, el régimen totalitario que gobernó en Alemania determinó que los pertenecientes al pueblo judío no eran humanos y, por consiguiente, no era necesario observar ningún requisito legal para gasearlos en masa. Análogamente, hay quien afirma que no es cuestión pertinente si debemos o no respetar la vida del nonato, porque éste no es un ser vivo o, al menos, no es un ser humano mientras dependa para perdurar de la contribución de la madre, lo que nos lleva a preguntarnos cuándo –según esto–  el individuo comienza a ser humano, ya que, después de nacido, todavía le queda mucho tiempo en que su supervivencia depende de la madre. En realidad, atribuir o no la condición de humano a alguien es un juicio de valor, es decir, la valoración que hace quien lo emite del sujeto juzgado, lo que no pasa de ser una apreciación subjetiva y ocasional, ya que los mismos que niegan la condición de humano al nonato por su dependencia no se atreverían a negarle dicha condición a un dependiente enfermo de Alzheimer. 

Una segunda forma de justificación moral para eliminar a un semejante ha sido argüir que su derecho a la vida no prevalece ante otros derechos, como es el caso del derecho que tiene la sociedad a defenderse. Así, en tiempos del Santo Oficio los propios eclesiásticos, que se decían seguidores de Cristo, no dudaban, con la anuencia del poder civil, en condenar a la hoguera a herejes y judaizantes, razonando que de ese modo se salvaguardaba la ortodoxia que daba cohesión a la sociedad cristiana. Análogamente, las defensoras del aborto libre afirman que la mujer tiene derecho a decidir sobre lo que sucede en el interior de su cuerpo sin que nadie pueda esgrimir en contra el derecho a la vida de su hijo en gestación. En realidad, no existe ningún derecho indiscutible, sino que todos los derechos son otorgados, desde el momento en que nadie tiene derecho a nada si no hay otras personas que se lo reconozcan. Un dependiente enfermo de Alzheimer tiene derecho a la vida, a pesar de ser una aflicción para el resto de la sociedad, porque sus conciudadanos se lo reconocen, lo que no sería el caso en un hipotético orden social en que la escasez de recursos hiciera aconsejable la sistemática práctica de la eutanasia.

 

En conclusión, parece que los hombres han conculcado repetidamente el derecho del prójimo a la vida, aunque, para ello, con frecuencia se han expuesto sutilezas escolásticas que justificasen tal conculcación, y eso también es lo que acontece con las discusiones morales sobre el aborto, de donde se sigue que el mandato “no matarás” no se pueda considerar un principio moral absoluto. Lo que más bien ha venido ocurriendo es que los humanos en toda época de la historia se han desecho de los hijos no deseados, bien por medio del aborto, bien por medio del infanticidio, sin demasiadas cortapisas para ello, pero en los tiempos actuales la idea de que, de alguna manera, los ciudadanos tienen derechos inalienables nos lleva a discutir la licitud del aborto, e incluso a regular su práctica (las leyes que prohibían el aborto comenzaron a promulgarse en el siglo XIX y las reguladoras de su práctica son del siglo XX).

 

Puesto que no encontramos principio morales que justifiquen o no la práctica del aborto, tendremos que preguntarnos acerca de cuáles son los verdaderos motivos que llevan a una mayoría de los españoles a admitir hoy el aborto, cuando no hace demasiadas décadas éste resultaba altamente reprobable, y estos motivos en realidad son de tipo económico.

El régimen anterior se erigió sobre una nación menoscabada en su población a causa de la Guerra Civil y de la emigración, por lo que resultaba económicamente deseable que las mujeres parieran sin tasa y de ahí que se concedieran premios nacionales de natalidad y se proscribiera el aborto, pero los tiempos posteriores contemplaron otras necesidades. El crecimiento constante y expansivo del PIB buscado por la economía del desarrollo precisa de la dedicación de toda la mano de obra disponible, lo que incluye a la parte femenina de la sociedad, a la que se incorporó masivamente a la población activa, ya que el trabajo del ama de casa no proporciona plusvalía a los capitalistas y, por eso, no se recoge en el cálculo del PIB. Cualquier mujer trabajadora y ama de casa experimenta en sus propias carnes la dificultad que hay para compaginar la vida laboral y la familiar y, en consecuencia, los embarazos extemporáneos se convierten en una carga para aquellas que desean completar una trayectoria profesional. Que el aborto esté permitido, sin duda, es una solución para este problema.

La vigente ley del aborto, de 2010, facilita el recurso a esta solución, porque no exige justificación alguna para las interrupciones del embarazo antes de la decimocuarta semana de gestación, pero también la anterior ley, de 1985, proporcionaba cobertura a estos usos. En dicha ley se contemplaba como supuesto para autorizar la práctica de un aborto el grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre y bastaba con el informe de un profesional del mismo centro en que se efectuase la operación para avalar que el caso considerado se hallaba bajo tal supuesto.

Leo en El País

 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/20/actualidad/1387574193_687091.html

 

las declaraciones de Francisco Montilla,  representante de la Asociación Española de Neuropsiquiatría: «antes de la ley de 2010, el noventa y tantos por ciento de las interrupciones del embarazo eran por este supuesto, el peligro grave para la salud de la madre. Y de ellas, casi el 100% por cuestiones de salud mental». El anteproyecto de la futura ley contempla exigir, para acogerse a este supuesto, que la mujer presente dos informes de dos especialistas distintos que, además, deberán ser ajenos al centro en que tendrá lugar la intervención. Igualmente, se lee en el anteproyecto que el daño a la salud de la madre debe ser susceptible de permanecer en el tiempo. A este respecto, Montilla comenta: «técnicamente es muy difícil hacer un informe así. Las cuestiones de salud mental no son como la fiebre, que sube o baja, o una apendicitis. Son procesos. Si tienes una descompensación psiquiátrica el diagnóstico certero es difícil porque hace falta una observación de la evolución. Hay veces que se precisan semanas para un dictamen técnicamente seguro». A pesar de estas dificultades, en 2005, bajo el amparo de la primera ley del aborto, se realizaron en España 91.664 interrupciones del embarazo, el 96’68% de las cuales, es decir, 88.620, se acogieron, previo informe médico, al supuesto del peligro para la salud física o mental de la madre, según nos informaba el diario ABC del veintisiete de noviembre de 2007, en su página 27. No puedo evitar que me asalte la sospecha de que en la mayoría de los casos el grave peligro para la salud de la madre fuese sólo la ansiedad producida por el embarazo no deseado.

El número total de nacimientos acaecidos en España en 2005 fue de 466.371, lo que nos lleva a establecer que los embarazos voluntariamente interrumpidos ese año por grave peligro de la salud materna equivalen al 19% de los embarazos que llegaron a término, ¿la salud de todas estas mujeres peligraba realmente por culpa de su embarazo? o ¿fueron consideraciones económicas (una chica que debe abandonar sus estudios y sus expectativas de encontrar trabajo por haberse embarazado, una madre que ya tiene demasiados hijos que alimentar, una profesional que encuentra incompatible su maternidad con su carrera…) las que empujaron a tantas mujeres a abortar, amparadas por un informe médico no demasiado exigente?

Los datos recientes confirman mi sospecha. Leo EL Mundo

 

http://www.elmundo.es/espana/2013/12/23/52b7f9bf268e3ea72e8b4571.html

 

y me entero de que en 2012 el número de abortos acogidos a la ley de plazos de 2010 han crecido con respecto a 2005, como era de esperar, un total de 112.390, de los cuales el 91’26% se efectuaron por voluntad propia de la mujer, sin aducir motivo alguno, a los que hay que sumar el 5’67% que abortaron por riesgo para la vida o salud de la embarazada y obtenemos un porcentaje del 96’93%, curiosamente coincidente con el 96’68% de abortos del 2005 que se realizaron bajo el supuesto del peligro para la madre. Aun debemos añadir que el Ministerio de Sanidad se felicita por el hecho de que en 2012 bajó un 5% el número de abortos en relación a 2011, en que hubo 118.259 intervenciones.

Si mi propósito fuese emitir un juicio moral, diría que asistimos en España cada año a la eliminación programada de, al menos, el 15% de los niños que podrían haber nacido sin problemas, lo que adquiere tintes de un autogenocidio al que los  españoles someten a su propio pueblo, sin que tal hecho trascienda en una sociedad que, sin embargo, constantemente se escandaliza por las matanzas acaecidas en otros lugares remotos, pero, como me he impuesto a mí mismo la prohibición de formular juicios morales, callaré.

 

La próxima ley del aborto parece que va a poner trabas que hagan más complicado tomar la decisión de interrumpir un embarazo. Si los escrúpulos de Ruiz Gallardón consiguen sacarla adelante, los problemas de las mujeres trabajadoras que no estén dispuestas a una estricta continencia pueden multiplicarse, con el inherente perjuicio para la productividad de la nación, lo que me hace pensar que tal ley tendría sus días contados en el seno de una economía en expansión. No obstante, las consecuencias demográficas del éxito que han logrado en el reciente pasado los procedimientos de control de la natalidad influyen también en el terreno económico y hoy España se encuentra con una población en proceso de envejecimiento y ante la perspectiva de una pérdida neta de habitantes en los años venideros, mala noticia para los pensionistas, que, aunque todavía hoy disfrutamos de un respeto social mayor que el que –para su desgracia– tienen los nonatos, acaso terminemos en el futuro por ser suprimidos legalmente, como efecto de habernos convertido en un insoportable gravamen.

En definitiva, el juego de intereses económicos es lo que en última instancia  decidirá la pervivencia de la prevista ley del aborto. Nada que ver con los juicios morales que merezca. Una vez más, la superestructura al servicio de la infraestructura.

 

En Torrecaballeros, a 23 de diciembre de 2013.